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Antes de la muerte del dictador no se produjo entre las elites de la dictadura movimiento alguno dirigido a preparar el terreno para una reforma democrática del sistema. Ni siquiera el primer gobierno formado tras la muerte de Franco, y por tanto con el rey Juan Carlos en la jefatura del Estado, se propuso encarar algo parecido a una transición política y trascender la mera reforma cosmética. En julio de 1976, y bajo una importante presión en la calle (contabilizada en más de 100 millones de horas perdidas en huelgas, todavía ilegales) a la que cada día se incorporaban nuevos actores y sectores sociales, el rey se decidió a sustituir a un desbordado e inmóvil Carlos Arias Navarro, a la sazón presidente del Gobierno, para dejar paso a Adolfo Suárez con el mandato de iniciar un proceso de reforma pactada y ordenada del régimen dictatorial pues, en caso contrario, la propia corona comenzaba a correr riesgo. En ese punto arrancaba, sin rumbo claro, el proceso de transición, que debemos entender como un proceso dinámico e incierto, en el que participaron las elites reformistas del régimen anterior encabezadas ahora por el presidente Suárez, la oposición política, y una movilización ciudadana que emergía cada vez con más fuerza reclamando derechos políticos, amnistía y la desaparición de la dictadura.
En el plazo de un año Suárez se comprometió a celebrar elecciones libres en un marco de pluralidad política, y convertir España en una democracia homologable al resto de las occidentales. La única premisa de aquella aventura era que debía concretarse a través de un proceso de reforma y no de demolición de las antiguas estructuras dictatoriales, es decir, se debía transitar de la ley, a la ley. El primer paso en aquel incierto camino fue convencer a las propias elites de la dictadura de la necesidad de desmantelar desde dentro, y ordenadamente, las instituciones dictatoriales para evitar que, como había sucedido en Portugal, ese desmantelamiento acabase haciéndolo la oposición y, por tanto, sin el control y la consiguiente protección del reformismo en el gobierno. Ese mecanismo se activó con la aprobación por parte de las Cortes franquistas de la Ley para la Reforma Política (LRP), una norma que autorizaba la disolución de aquellas Cortes y abría la vía para su reconstitución bajo parámetros plenamente democráticos. En la tarea de convencer a militares, dirigentes del Movimiento Nacional (el partido único) y los propios procuradores de las Cortes franquistas para que apoyasen y aprobasen aquella ley, resultó fundamental la capacidad de presión y persuasión de Adolfo Suárez.

La LRP, que bien podría calificarse de octava ley fundamental de la dictadura, fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976. La oposición de izquierdas apostó por la abstención sin poder hacer campaña por estar todavía en la clandestinidad. El gobierno, por el contrario, utilizó todos los resortes institucionales bajo su control, así como los propagandísticos, para solicitar el sí en un proceso que habría de configurarse como una especie de plebiscito desigual sobre el rumbo reformista y taimado que abanderaba Suárez frente a las veleidades rupturistas de la oposición. Al final solo se abstuvo el 22,3% del censo electoral, y el sí alcanzó el 94,2% de los votos emitidos (o el 73% del censo); el no solo alcanzó el 2,56% de los votos. La lectura del gobierno fue que la vía reformista recibía el respaldo popular, mientras que la vía rupturista quedaba debilitada, casi tanto como las posiciones inmovilistas. Ya fuera por moderación, o por el miedo a un cambio revolucionario, abrupto, o incluso a un proceso involucionista que retrasase todavía más la democratización del país, la voluntad ciudadana expresada a mediados de diciembre de 1976 significó el inicio de la “ruptura negociada” que conduciría a las elecciones de junio de 1977.

En la provincia de Albacete estaban llamados a votar 203.815 ciudadanos mayores de 21 años. De todos ellos, votaron 170.115 (16,54% de abstención), arrojando el resultado de 162.479 votos para el SÍ (79.71% del censo o el 95,5% de los votos emitidos), 4.432 votos para el NO (2,61% de los votos), y 236 votos nulos (0,11%). Estos datos están casi en consonancia con la media nacional, si exceptuamos al País Vasco. Volviendo a la provincia, el balance estuvo condicionado por la falta de oposición organizada al sistema franquista: el PSOE, PSP, PTE, UGT, CCOO, CNT o la Democracia Cristiana no disponían de sólidas estructuras en la provincia, entre otras cosas porque dichas formaciones todavía actuaban en la clandestinidad ya que todavía no se habían legalizado los partidos políticos. El PCE era el que más y mejor organización disfrutaba por lo que su influencia se dejó notar sus feudos de la Manchuela. Ante las dos opciones que el gobierno de Suarez dio a los españoles, el PCE impulsó la abstención por su desacuerdo con el proceso de reforma dirigido por los sectores aperturistas del régimen. En consecuencia, y mientras que la media provincial refleja una abstención del 16,54%, en localidades con fuerte influencia del PCE como Villamalea y Madrigueras el porcentaje se elevó hasta el 41,23% y el 31,47% respectivamente.

En contraste con esos resultados, las cinco ciudades más importantes de la provincia, Albacete, Almansa, Villarrobledo, Hellín y La Roda, que sumaban 177.872 habitantes de 337.780 (el 52.66% del total), no sobrepasaron el 15% de abstención, mostrando así cierta conformidad con el proyecto de Suárez tanto en zonas que luego se mostrarían más progresistas, como en las que menos. No obstante, también existieron municipios que mostraron una notable apatía electoral. En Casas de Ves la abstención alcanzó el 48,12%, posicionándose en el SÍ solo el 47,17% del censo, y el 7,52% para el NO. Pozo-Lorente tampoco llega a la media provincial en favor del SÍ, arrojando solo un 67,57% del censo para esta opción;

Por lo que a la capital provincial se refiere, sus barrios periféricos y obreros apoyaron con mayor contundencia el SÍ con un 95% de los votos emitidos, quedándose la abstención en el 15%, y el NO en el 1,9%. En el distrito centro, sin embargo, el NO alcanzó el 6,5% y el SÍ se redujo al 91% de los votos. En todo caso, conviene recordar que frente al control de los medios de comunicación por parte del gobierno y sus instituciones, que obviamente apostaron por alentar entre la ciudadanía el voto afirmativo, la oposición, las fuerzas antifranquistas y los movimientos sociales, apenas contaban con recursos para explicar su postura favorable a la abstención o, incluso, al rechazo de una propuesta oficialista que no se había consensuado o negociado.

 

Bibliografía

IZQUIERDO COLLADO, J. D. Las elecciones de la Transición en Castilla-La Mancha. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses, 1984, vol. 1, tomo 1: 1976-79, pp. 39-88.

SÁNCHEZ CUENCA, I., Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia. Madrid, Alianza,2014.

 

Palabras clave

Ley para la Reforma Política, referéndum, provincia de Albacete, Albacete, Almansa, Villarrobledo, Hellín, La Roda, Villamalea, Madrigueras, Casas de Ves, Pozo-Lorente, Partido Comunista de España

 

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Datos de localización

Calle de Bailén, 3, 28013 Madrid, España

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