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El tramo final del mes de diciembre de 1973 acumuló, por un lado, el asesinato a manos de ETA del presidente Luis Carrero Blanco y, por otro, el llamado “proceso 1001” contra Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y otros ocho miembros de la dirección de Comisiones Obreras que fueron juzgados por el Tribunal de Orden Público por su vinculación al Partido Comunista. Como respuesta, el PCE acordó movilizaciones y acciones solidarias con los encausados.
En Albacete esas acciones se tradujeron en una acción rudimentaria consistente en la impresión y colocación en lugares públicos de pegatinas exigiendo la amnistía para todos los presos políticos. Los encargados fueron en su mayoría jóvenes estudiantes y algunos universitarios que estaban en Albacete con motivo de las fiestas. Sin embargo, el atentado contra Carrero Blanco se tradujo en un aumento de la vigilancia lo que provocó una rápida detención de la célula. El joven dirigente comunista, y futuro concejal de Albacete, José María López Ariza, fue detenido al salir por la mañana de su casa, y en la calle se detuvo a los estudiantes Luis Enrique Simón, Javier Sánchez Carrilero y Fernando González Tornero. A los pocos días también fueron arrestados en sus domicilios Adrián Gil del Gallego, Julián Sánchez Pingarrón y José Vicente Jiménez, todos ellos estudiantes universitarios.
La peor parte de aquella redada correspondió a López Ariza, que fue sometido a severas torturas en los días posteriores por parte de la Guardia Civil. Por entonces, el gobernador civil, y responsable último de este tipo de acciones, era el periodista Federico Gallo Lacárcel. Finalmente, Ariza fue trasladado a la prisión de Murcia, de la que salió en febrero de 1974. El propio Ariza recuerda que la dura represión a la que fue sometido lo hizo más fuerte porque “tras haber sufrido esas injusticias por nada, por nada, una de dos: o me retiraba y era una derrota tremenda para mí, o tenía que seguir luchando para acabar con ese estado de injusticia”.
La creciente actitud represiva de las autoridades franquistas provocó una indignación también en aumento, sin lograr desincentivar la protesta. En el caso de Albacete, el conocimiento de la gravedad de lo ocurrido con López Ariza provocó la protesta de algunos sectores eclesiásticos. Catorce sacerdotes albacetenses publicaron una carta colectiva condenando lo sucedido. También el párroco de Alcalá del Júcar denunció las torturas ya mencionadas, por lo cual fue sancionado por el Gobierno Civil.
Bibliografía
GÓMEZ-FLORES, A., Los años sombríos. Albacete durante el franquismo, Albacete: Editorial Altaban, 2015, pp. 446-452.
GONZÁLEZ MADRID, D. A. y MOLINA GARCÍA, S., “Ser antifranquista y no morir en el intento. Historia de una militancia” en Santiago Castillo y Pedro Oliver (eds.), V Congreso de Historia Social. Las figuras del desorden: heterodoxos, proscritos y marginados, Madrid: Siglo XXI, 2006.
LÓPEZ ARIZA, J. M., “Desde 1970 a la transición”, en VVAA, Los comunistas en la historia de Albacete, Albacete: Editorial Partido Comunista de España, 1990, pp. 215-243.
MARTÍN GARCÍA, O., A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977, Madrid: La Catarata, 2008, pp. 113-119.
Palabras clave
torturas, PCE, Albacete, proceso 1001, Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, José Vicente Jiménez, José María López Ariza, Luis Enrique Simón, Javier Sánchez Carrilero, Fernando González Tornero, Adrián Gil del Gallego, Julián Sánchez, Federico Gallo, Alcalá del Júcar
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- José María López Ariza, Santiago Carrillo y Enrique López Carrasco en una reunión clandestina en Albacete, en una vivienda de la calle del Rosario, a la que asistieron otros miembros de la dirección provincial del PCE. Fuente: José Cano Valero (coord.), Villamalea. Retazos de historia y de la vida de sus gentes, Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses, 2017.