El sangriento verano de 1936

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La rebelión militar del 18 de julio de 1936 mantuvo a Albacete capital bajo dominio insurgente durante siete días. En ninguna otra provincia la pugna se demoró por tanto tiempo. La sedición se extendió, además de la capital, a otros dieciséis pueblos, entre los que destacan algunos de los más importantes demográfica y económicamente. El triunfo gubernamental en las provincias limítrofes, unido al auxilio militar y miliciano enviado para sofocar la sublevación, decidió la permanencia de Albacete en retaguardia republicana durante los tres años de guerra.

La sublevación militar, triunfante sin embargo en otras zonas importantes, provocó el inicio de la guerra, que debilitó la autoridad del gobierno republicano en la zona bajo su control. Como consecuencia de la rebelión, el Estado colapsó, y se vio superado por las circunstancias durante meses, lo que abrió las puertas a un periodo de terror y violencia revolucionaria que se prolongaría, con diferentes intensidades, hasta finales de 1936.

El vacío de poder que ocasionó el hundimiento de la autoridad gubernamental fue ocupado en la retaguardia manchega por un poder revolucionario surgido de una amplia movilización política y sindical contra la sublevación. El territorio leal al gobierno se transformó así en un complicado enjambre de poderes y autoridades autoproclamadas, integrado por comités y grupos diversos relacionados con partidos y sindicatos de izquierda. Entre todos fueron capaces de arrebatar y usurpar funciones tan esenciales del gobierno como la justicia y el orden público. ¿Significa eso que el Estado republicano fue totalmente ajeno a la violencia desatada en el territorio bajo su control? No, pues existieron instancias cómplices, pero no fue una violencia alentada por el gobierno como sí lo fue la franquista.

La guerra dinamitó el ya frágil orden social y clausuró, por un tiempo, los antiguos frenos y controles para dar paso a una revolución improvisada en la que esos grupúsculos erigidos en micropoderes paraestatales materializaron su particular concepción de la misma y de la justicia procediendo a la eliminación directa de quienes consideraban enemigos políticos o de clase. Su objetivo no era solo asegurar la retaguardia, sino liquidar el viejo orden social sobre cuyas cenizas levantarían uno nuevo en el que derechistas, fascistas, amos, caciques, aristócratas, burgueses o sacerdotes, no tendrían cabida. La frecuente ejecución de clérigos, así como la destrucción de objetos y edificios de culto, fueron un símbolo predilecto en el marco de ese macabro ritual de purificación y liquidación de las viejas y superadas estructuras sociales.

Pero el hundimiento del Estado republicano fue temporal y logró finalmente, disciplinar a los revolucionarios, rescatar el orden público y proceder a la institucionalización de la justicia y su faceta punitiva a través de los Tribunales Populares, Jurados de Urgencia y de Guardia. El Estado regresó y recuperó los espacios de poder que le habían sido arrebatados, lo que supuso un inestimable ahorro de vidas y sufrimientos. El arranque del año 1937 inauguró una nueva fase en la que el terror indiscriminado casi desapareció sustituido por una gestión institucionalizada, y menos severa, de la justicia y la violencia, frente a la directa, cruel y sin intermediarios que habían ejercido patrullas, comités o grupos de milicianos.

Por lo que Albacete respecta, la violencia política en la retaguardia republicana arroja un balance de 920 muertos. Una cifra que comprende las, al menos, 137 muertes de residentes en Albacete ejecutados fuera la provincia como consecuencia de su apresamiento y traslado a Ocaña, Quintanar de la Orden, Cuenca o Cartagena. En esta última localidad terminarían sus vidas algunos de los guardias civiles participantes en la sublevación de Albacete.

Hasta en 26 localidades se llegó a evitar cualquier muerte violenta (30,2% de los pueblos de la provincia); fueron estas: Balazote, Alcaraz, El Ballestero, Vianos, Motilleja, Valdeganga, Hoya Gonzalo, La Herrera, Masegoso, Villaverde, Povedilla, Ontur, Ayna, Férez, Lezuza, Casas Ibáñez, Abengibre, Alatoz, Casas de Juan Núñez, Golosalvo, Jorquera, La Recueja, Villa de Ves, Villatoya, Pétrola y Pozuelo. Y en otros 17 pueblos (el 19,7% del total) contabilizaron una sola víctima, fueron los casos de Barrax, Bogarra, Riopar, El Robledo, Salobre, Villapalacios, Viveros, Paterna, Cenizate, Pozolorente, Villavaliente, Montalvos, Albatana, Socovos, Corralrrubio, Higueruela y Pozohondo. Por el contrario 11 localidades (Albacete, Caudete, Hellín, Villarrobledo, La Roda, Tarazona, Almansa, Yeste, Montealegre, La Gineta y Chinchilla) acumulan la mayor parte de las muertes violentas, que se explican, solo en parte, por la conflictividad social previa, y la existencia de sublevación armada. Albacete con el 34% de las muertes, La Roda con el 21% y Almansa con el 15% fueron los partidos judiciales más violentos.

Los asesinados lo fueron por ser derechistas, militantes de la CEDA, Acción Popular o Falange, y la profesión más represaliada fue la de propietario (19,5%), seguido de profesionales liberales (16%), comerciantes e industriales (15%), braceros (12.6%) y obreros manuales (11,5%). Los religiosos tuvieron 67 víctimas (8%). Casi dos tercios de las muertes se produjeron entre julio y septiembre de 1936.
El apresamiento y la cárcel constituyeron otra importante modalidad represiva. Las cárceles más importantes estuvieron ubicadas en Albacete, Chinchilla y Hellín, ubicándose también prisiones en La Roda, Tarazona, Tobarra, Villarrobledo, Yeste, Minaya, Elche de la Sierra, Madrigueras. El 22 de septiembre de 1936, la prisión de Albacete experimentó una “saca” (matanza) de 53 detenidos a manos de milicianos armados. La segunda “saca” más importante aconteció en Villarrobledo, de cuyo ayuntamiento fueron “sacados” y ejecutados 42 prisioneros. En Almansa, La Roda, Tarazona de La Mancha, Alcadozo, Villar de Chinchilla, Minaya, Montealegre, Navas de Jorquera, Peñas de San Pedro y Yeste, también se produjeron “sacas” a menor escala.
La represión legal a cargo de Tribunal Popular Especial de Albacete afectó, adicionalmente, a 809 personas, setenta y tres de las cuales acabaron siendo condenadas a la pena capital y ejecutadas en cumplimiento de sentencia.

 

Bibliografía

LEDESMA VERA, J. L. “Una retaguardia al rojo. Las violencias en la zona republicana” en Francisco Espinosa Maestre (ed.), Violencia roja y azul. España, 1936-1950. Barcelona: Crítica, 2010, pp. 152-250.

ORTIZ HERAS, M. Violencia política en la II República y el primer franquismo. Albacete, 1936-1950. Madrid: Siglo XXI, 1996, pp. 68-244.

 

Palabras clave

guerra civil, represión republicana, sacas, cárceles, Tribunal Popular, Albacete, Balazote, Alcaraz, El Ballestero, Vianos, Motilleja, Valdeganga, Hoya Gonzalo, La Herrera, Masegoso, Villaverde, Povedilla, Ontur, Ayna, Férez, Lezuza, Casas Ibáñez, Abengibre, Alatoz, Casas de Juan Núñez, Golosalvo, Jorquera, La Recueja, Villa de Ves, Villatoya, Pétrola y Pozuelo, Barrax, Bogarra, Riopar, El Robledo, Salobre, Villapalacios, Viveros, Paterna, Cenizate, Pozolorente, Villavaliente, Montalvos, Albatana, Socovos, Corralrrubio, Higueruela y Pozohondo, Caudete, Hellín, Villarrobledo, La Roda, Tarazona, Almansa, Yeste, Montealegre, La Gineta y Chinchilla, Tobarra, Villar de Chinchilla, Peñas de San Pedro