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El régimen franquista inauguró la década de los setenta sometido a un fuerte desgaste interno como consecuencia del desafío de los trabajadores, la oposición, los jóvenes universitarios o los movimientos nacionalistas, y con algunos de sus pilares fundamentales (la Iglesia) en abierta discrepancia. Pese a la visión tradicional de una sociedad española pasiva e indiferente al cambio político, lo cierto es que la ciudadanía cada vez tenía un mayor interés por la política, y el descontento con un régimen anquilosado e inoperante para relacionarse con las nuevas generaciones crecía por momentos.

En el ayuntamiento de Albacete esas disonancias, impensables hacía muy pocos años, comenzaron a manifestarse tras los procesos de renovación del personal político municipal (elecciones municipales por tercios) celebrados en 1970 en cumplimiento de una legislación que marcaba la entrada y salida de una parte de los concejales cada tres años bajo la estricta supervisión del gobierno. Los designados para aquella ocasión, según ha investigado Óscar Martín, supusieron la aparición de un personal político más joven, mejor formado, y menos vinculado con la guerra civil. A los pocos meses, la incorporación al salón de plenos de ese nuevo perfil de concejales significó algo más que una mera fractura generacional o sociológica, para convertirse en una escisión política que comenzó a manifestarse abiertamente a partir de 1973, un año que quedaría marcado por los enfrentamientos entre los concejales que se oponían a algunas de las más que discutibles prácticas del alcalde, Gonzalo Botija, y los que las defendían. Una confrontación que, en cierta manera, era la reproducción a nivel municipal de los enfrentamientos que tenían lugar en las altas esferas del régimen entre aperturistas e inmovilistas. De este modo surgió en el Ayuntamiento de Albacete el “grupo de los ocho”, formado por concejales críticos ante los turbios manejos y tics autoritarios del alcalde, entre ellos se encontraban los concejales Juan Ramírez, Damián Ferrándiz y Abelardo Sánchez; siete de aquellos “ocho” habían sido elegidos en 1970. En medio de aquel ambiente enrarecido, el 23 de enero de 1974, Gonzalo Botija presentó su dimisión como alcalde de Albacete por motivos personales.

El desgaste del modelo municipal franquista a finales de 1973 quedó perfectamente definido en la ciudad de Albacete. Crecía la demanda interna de una participación más activa de los concejales en la gestión municipal, de un mayor control de la corporación sobre la figura del alcalde y también de la asunción de responsabilidades y rendición de cuentas frente a la ciudadanía, a la que el ayuntamiento llevaba demasiado tiempo obviando y dando la espalda. En este contexto, el 31 de enero de 1974 tomó posesión de la alcaldía Ramón Bello Bañón, designado por voluntad del gobernador civil Federico Gallo Lacárcel. Esta nueva corporación estuvo marcada por una tímida apertura municipal con el único propósito de reconducir la situación y mantener la institución bajo control.

Ramón Bello aseguró que él sería el último alcalde nombrado por la jerarquía de la dictadura. Se refería a la aprobación de la nueva Ley de Bases de Régimen Local que finalmente vio la luz en noviembre de 1975, y que planteó la participación mediante sufragio directo de los ciudadanos en la elección de los tres tercios que componían la corporación municipal de concejales (no como hasta ahora que solo participaban en la elección del familiar), y la designación del alcalde por la corporación municipal electa (no directamente por el Ministerio como hasta ahora, pero tampoco por los ciudadanos). Aquella era una tímida apertura que las expectativas generadas por muerte del dictador ese mismo mes convertiría en absolutamente insuficiente por su inconsistencia democrática. La nueva ley de régimen local se puso a prueba en la renovación de alcaldes de 1976, presentadas como las del fin de los nombramientos jerárquicos y de la sumisión de los alcaldes al gobernador, situación que distaba mucho de ser cierta pues desde el ministerio de la Gobernación se controló todo el proceso. En aquella renovación de 1976 Bello Bañón se mantuvo en la alcaldía, a la que optó como candidato único, al igual que sucedió en 24 de las 44 alcaldías de la provincia que tuvieron que pasar por el mismo proceso de renovación.

La llegada de la democracia a las instituciones locales no discurrió así de forma paralela a la democratización de las instituciones centrales iniciada en 1977. La transición local se paralizó hasta abril de 1979, lo que significó que los concejales designados por procedimientos orgánicos (y no democráticos) en la renovación de 1973, o los alcaldes designados en 1976 por esas mismas corporaciones, permanecieron al frente de los destinos municipales hasta 1979. ¿Por qué esperar dos años más para democratizar también las instituciones municipales? Esta maniobra política tiene mucho que ver con la opción reformista, y no rupturista, elegida para afrontar el proceso transicional. Frente al recuerdo de las transformaciones iniciadas a partir de las elecciones municipales de 1931 que derivaron en la II República, en 1977 la continuidad de los ediles y representantes locales elegidos por la dictadura se juzgó necesaria para garantizar una transición tranquila y controlada por el gobierno. El gobierno de UCD evitaba así ceder poder a la oposición, y defendió no solo la legalidad de las corporaciones municipales franquistas supérstites, sino también su legitimidad, aduciendo que estas contaban con el apoyo del gobierno de UCD elegido en las urnas. El gobierno ilegalizó las renuncias de los alcaldes y los concejales para prevenir una desbandada, y reforzó la idea de que el cargo era irrenunciable y todos debían permanecer en él como un último acto de responsabilidad y servicio a España.

A mediados de junio de 1978, Ramón Bello Bañón fue nombrado gobernador civil de la vecina Ciudad Real por el gobierno de UCD. La consecuencia fue que la alcaldía de Albacete quedaba vacante. En teoría el puesto hubiera debido corresponder al primer teniente alcalde, Gabriel Sáinz de Baranda, pero renunció a ocuparlo, pasando así al segundo teniente alcalde, Abelardo Sánchez, que aceptó el cargo y fue votado por la corporación por unanimidad. En 1978 se volvía a elegir un nuevo alcalde por medio de los procedimientos arbitrados por la dictadura. La etapa de Abelardo Sánchez en la alcaldía fue breve, pues finalizó en abril de 1979, pero suficiente para mostrar las contradicciones de una institución ademocrática en un contexto general democrático. Finalmente, la celebración de los comicios municipales de abril de 1979 terminó con el anacronismo en el que vivían los ayuntamientos. En Albacete, la candidatura de UCD obtuvo la mayoría con 16.282 votos y 11 concejales, los mismos que el PSOE con 15.556 votos. El PCE, con 7.754 votos obtuvo 5 concejales; Coalición Democrática (la futura AP) apenas obtuvo 1.460 papeletas, y fue la cuarta fuerza política, aunque sin representación. Los pactos que llevaron a cabo socialistas y comunistas a nivel nacional le dieron la alcaldía de Albacete al PSOE, concretamente a Salvador Jiménez, que fue así el primer alcalde democrático de la ciudad desde 1939. El nuevo alcalde socialista tomó posesión de su cargo el 19 de abril de 1979 en el salón municipal, y el presidente de la mesa que se encargó de validar el acto de constitución de la corporación fue, por razón de su edad, el socialista Juan Gómez Tomás, un hombre que había pasado 27 años recluido en las cárceles franquistas. El diario local La Verdad destacó que aquel día de abril el “Ayuntamiento recuperó su identidad y volvió a su dueño: el pueblo”.

La corporación municipal quedó integrada por los siguientes concejales, entre los que cabe destacar la presencia de sólo dos mujeres:

UCD. Pedro Romero García; Juan Gascón Moreno; Blas González Honrubia; Concha Barceló; Salvador Motos Miras; Tomás Mancebo; José García Cebrián; Jaime Almazán Rivera; Antonio Vázquez; Leonardo Jiménez y Manuel Marín Sáez

PSOE. Salvador Jiménez Ibáñez; Juan Gómez Tomás; Manuel Vergara García; Juan de la Encarnación; Carlos Sempere Cervera; Florián Godes Victoria; María López Fuster; Antonio Avilés García; José Gil Calero; Joaquín Ramos Chicano y Juan Meneses Alfaro.

PCE. Jesús Alemán Postigo; Juan A. Mata Marfil; José María López Ariza, José V. Jiménez Benítez y Luis Collado.

Bibliografía

MARTÍN GARCÍA, O. J., Albacete en transición. El ayuntamiento y el cambio político, 1970-1979. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses, 2006.

MOLINA GARCÍA, S., La construcción de la democracia. Activismo político de la UCD y del PSOE durante la transición en la provincia de Albacete, 1976-1982. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses, 2017, pp. 29-33.

MOLINA GARCÍA, S., “Las elecciones por tercios del tardofranquismo en la provincia de Albacete (1970-1973)”, IX Congreso Investigadores del franquismo. 80 años de la Guerra civil española, 2006. .

Palabras clave

Ayuntamiento de Albacete, dictadura, franquismo, transición, elecciones municipales, alcalde, concejales, Gonzalo Botija, grupo de los ocho, Juan Ramírez, Damián Ferrándiz, Abelardo Sánchez, Ramón Bello Bañón, Federico Gallo Lacárcel, UCD, PSOE, Salvador Jiménez, Juan Gómez Tomás

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