CONTENIDO

Una de las opciones empleadas por la dictadura para fortalecer la estabilidad de sus estructuras autoritarias y desactivar los crecientes desafíos políticos y sociales fue la apertura de nuevos canales de participación a través de la Ley de Asociaciones de 1964. Esta ley representaba la asunción por parte del régimen de un controlado riesgo estratégico a cambio de obtener cierta legitimidad interior y aprobación exterior en un escenario de desgaste autoritario. Este nuevo asociacionismo estaba así exclusivamente relacionado con los intentos de ampliación de la base social del régimen.
Las asociaciones vecinales, nacidas al calor de la ley de 1964, desempeñaron un papel importante en la incipiente construcción de la ciudadanía democrática en muchos pueblos y ciudades, entre ellas Albacete capital, al definirse como un cauce representativo de los vecinos frente de los gobernantes municipales, y funcionar como estructuras de intermediación entre las demandas ciudadanas y los poderes públicos. Solo con eso crearon un espacio fértil para la redefinición de una identidad ciudadana activa, hasta entonces inexistente, con vocación de relacionarse más equilibradamente con la autoridad, cuando no en términos abiertamente democráticos.

Pero estas prácticas de interacción con el poder político local llevaron a los grupos vecinales a chocar en más de una ocasión con el escaso interés y la falta de representatividad de los ayuntamientos franquistas, vigentes, debe recordarse, hasta 1979. La desatención generalizada de las demandas vecinales acabó conduciendo progresivamente al conflicto con las autoridades municipales y a su consiguiente deslegitimación en los barrios, al tiempo que las gubernamentales obstaculizaban la legalización o la actividad de las asociaciones más combativas hasta mediados de 1977. Ese fue el caso de la asociación de vecinos Pedro Lamata que, a pesar de funcionar desde septiembre de 1976, no fue legalizada hasta junio de 1977 por su vinculación al PCE.

El asociacionismo vecinal creció y se consolidó en la provincia ya en la etapa de la transición, especialmente entre 1977 y 1979. Sin embargo, sus orígenes, y la articulación de los primeros conatos organizativos en la capital datan de los años finales de la dictadura (1974-1975), cuando germinaron redes relacionales de ayuda mutua y grupos cívicos en torno a parroquias y otros espacios sociales. En polígonos habitacionales como los de San Pedro, Hermanos Falcó, o San Pablo, con graves carencias de equipamientos colectivos públicos, la reivindicación vecinal nació de la iniciativa de unos cuantos vecinos apoyados por la sotana rebelde del barrio (Juan Fernández Selva, José Antonio López Collados, Andrés Beteta, Pepe Molinero) y algún militante del apostolado. Con su inicial empuje dinamizador, el fenómeno evolucionó desde una simple red de ayuda mutua vecinal, hacia un movimiento mucho más amplio capaz de definir el bien común y de defender amplios derechos colectivos.

Las primeras asociaciones vecinales de la capital, por orden de antigüedad en su legalización durante 1977 fueron: Hermanos Falcó, San Pedro y Mortero, Pedro Lamata y Carretas-Huerta de Marzo.
El funcionamiento interno de cada una de estas asociaciones se caracterizaba por su radicalidad democrática, lo que las convirtió en auténticas escuelas de convivencia y experimentación democrática antes de la democracia.

Bibliografía

LEÓN CASAS, J. Unidos somos fuertes. El movimiento vecinal en Albacete. Albacete, Publicaciones de la Diputación de Albacete, 2015.

MARTÍN GARCÍA, O. Albacete en transición. El ayuntamiento y el cambio político, 1970-1979. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 2006, pp. 168-175.

Palabras clave

Albacete, Ley de Asociaciones, asociación de vecinos, movimiento vecinal, barrio Hermanos Falcó, barrio Pedro Lamata, barrio San Pedro-Mortero, barrio Carretas, Transición, Juan Fernández Selva, Andrés Beteta, José Antonio López Collados, Pepe Molinero

Fotografías