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La dictadura no modificó la tradicional estructura periférica de la administración del Estado que empezaba en los ayuntamientos, se prolongaba en las diputaciones, y finalizaba en el gobernador civil, convertido éste último en el gran demiurgo ordenador de la vida provincial. Eso sí, la implantación de la dictadura a partir de 1939 provocó que todas las instituciones cambiaran sus principios y procedimientos para adecuarse a las nuevas exigencias autoritarias y centralistas patrocinadas por el nuevo régimen. Tanto en el caso de las diputaciones, como en el de los ayuntamientos, las leyes de Bases de Régimen Local de 1945 y 1955 actuaron como marco regulatorio y competencial. Ambas normativas definieron unas instituciones con atribuciones importantes, limitados medios económicos, y subordinadas al centralismo gubernamental.

Todo el periodo dictatorial estuvo marcado por la conformación antidemocrática de las corporaciones provinciales, confeccionadas mediante un modelo corporativo de selección por tercios. ¿Cómo funcionaba este sistema? Hasta 1963 la cooptación de los diputados provinciales se produjo, en realidad, por dos vías. La primera de ellas contemplaba la selección de este primer grupo de diputados entre los alcaldes y concejales de cada partido judicial (un diputado por partido). El segundo grupo de diputados procedía de una selección, también muy controlada, entre representantes de los colectivos económicos, profesionales, y culturales más representativos de la provincia. A partir de 1963, las diputaciones se nutrieron también de representantes procedentes del sindicato vertical. La composición de la Diputación se cerraba con la elección de la presidencia, cuyo nombramiento dependía, en última instancia, del ministro de Gobernación. Quedaba así garantizado el control político de la Diputación con un personal que compartía la ideología del régimen, y cuyos miembros formaban parte de la élite dominante o estaban próximos a ella. Entre los proyectos más importantes de la institución provincial durante la dictadura destacan los dispendios sanitarios y benéficos (hospital provincial, orfanato, asilo, etc.) y la elaboración de planes para la mejora de infraestructuras básicas como las referidas a la electrificación, la evacuación de aguas residuales, o la mejora de la red viaria.

La muerte del dictador atisbó el inicio de un complejo proceso de democratización del país. Las instituciones se reformaron paulatinamente para que pudieran acoger sin traumas ni rupturas a los nuevos y anhelados representantes democráticos y legítimos de la ciudadanía, pero no todas siguieron los mismos cauces ni los mismos tiempos. Si las primeras elecciones generales democráticas se celebraron en 1977, hubo que esperar hasta 1979 para que los ayuntamientos y diputaciones experimentasen idéntico proceso. Eso significa que desde 1975 hasta esa fecha los miembros de la Diputación Provincial de Albacete eran exactamente los nombrados durante la dictadura apenas desmantelada. Fue en caso de Antonio Gómez Picazo, que ocupó el cargo presidencial desde 1965 hasta 1976, y de Daniel Silvestre Morote, quien lo sustituyó hasta 1979. Este último, lejos de entorpecer el proceso de democratización, mantuvo un perfil bajo y no partidista, provocando que la ciudadanía percibiera a la institución de manera positiva.

La primera corporación democrática de la diputación albacetense se constituyó el 28 de abril de 1979, es decir, justo después de las elecciones municipales de ese mismo mes. La composición de la misma no fue, como no lo es hoy en día, el resultado del sufragio directo de los ciudadanos. Los puestos en la diputación se obtienen en función de los resultados de cada formación política en cada uno de los partidos judiciales durante las elecciones locales, tratándose así de un proceso de elección indirecta entre los concejales electos. En 1979 la UCD cosechó 12 puestos para la Diputación, empatando con el PSOE (10) que obtuvo el apoyo del PCE (2). El empate se resolvió a través de los cauces legales ya estipulados: el candidato más longevo ocuparía la presidencia. Tal cargo recayó en Estanislao Valero Soriano, de 83 años e histórico miembro del PSOE. Los socialistas conquistaban así una importante institución provincial que les permitiría gestionar un presupuesto, formar cuadros y visibilizar su acción de gobierno. Valero, que padecía el deterioro físico propio de su avanzada edad, fue sustituido por su compañero de partido y vicepresidente Juan Francisco Fernández el 13 de julio de 1979, tras un pacto con la UCD por el cual la formación de Suarez obtuvo la vicepresidencia. Comenzó una etapa de poder hegemónico para los socialistas que se mantendría hasta 1995.

La primera corporación tuvo que afrontar numerosos retos. El primero de ellos fue la dotación de servicios e infraestructuras a los núcleos municipales más pequeños y aislados, que disfrutaron ahora de una atención prioritaria. El segundo consistió en la dinamización, revalorización y promoción de la cultura, la educación y la investigación científica provincial, para lo que se creó, en 1983, el Cultural Albacete, y se consolidó tanto el Instituto de Estudios Albacetenses como la UNED. Otra de las tareas desarrolladas fue el intento de cohesionar a territorios y ciudadanos en torno a una idea y una identidad común representada por el nuevo proyecto de comunidad autónoma. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se aprobó en 1982, por lo que hasta esa fecha el parlamento preautonómico estuvo constituido por parlamentarios nacionales electos (diputados y senadores) en proporción a los resultados electorales obtenidos en cada provincia, pero también por representantes de cada una de las cinco diputaciones provinciales de la región.

La primera corporación (1979-1983) quedó integrada por los siguientes diputados:

UCD. Joaquín Arnedo González; Ángel Escribano Tébar; Natalia Estrada Romero; Ramón Fernández Fernández; José Antonio García Gaspar-Ruiz; Juan José Gascón Moreno; Francisco Juan Juárez García; Eduardo Núñez Nogales; Pedro García Romero; Pedro Ruiz González; Vicente Tomás Garaulet; Antonio Vázquez Molina.

PSOE. Juan Francisco Fernández Jiménez; Andrés García Martínez; Tomás Morcillo Cuenca; Mª Carmen Nohales Martínez; Ángel Orozco Gómez; Daniel Requena Ruiz; Virgilio Sánchez Barberán; Francisco Segovia Solana; Estanislao Valerio Soriano; Manuel Vergara García.

PCE. José María López Ariza; Abelardo Mora López.

Bibliografía

REQUENA, M. (coord.) Historia de la Diputación de Albacete II. Albacete: Ediciones de la Diputación de Albacete, 1993, pp. 97-287.

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